Por: Yeri González |
La reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por los legisladores de Morena y sus aliados, obliga al instituto a eliminar unas 300 juntas distritales, que son las encargadas de la preparación, organización y celebración de elecciones. En lugar de ellas se propone que haya oficinas con una sola persona.
Además, se establece la reducción de la estructura de las 32 juntas locales que hay en México, lo que implica el recorte de 262 plazas.
Estas modificaciones, de acuerdo con el INE, afectan directamente al padrón electoral y a la cartografía electoral, ya que las juntas son donde se actualiza el padrón y se expiden las identificaciones necesarias para ejercer el voto.
Además tendrá que haber una disminución de recursos para capacitar a los funcionarios de casillas y también habrá afectación a la operación de 143 Centros de Verificación y Monitoreo, encargados de controlar los tiempos de la pauta electoral en radio y televisión.
La reducción de las juntas también implica un recorte del 84% del Servicio Profesional Electoral Nacional, cargos que son elegidos por concurso. Esto se traduce en más de 1.500 puestos que son eliminados.
Las modificaciones a las leyes obligan una retabulación para que ninguno gane más que el presidente de la República.
La reforma obliga al INE a eliminar los fideicomisos que le permitían retener recursos públicos previstos para sus trabajadores.
Lo aprobado también establece que los partidos puedan guardar los remanentes de recursos, ya sean públicos o privados, que no utilicen en un año para el periodo siguiente. Hasta ahora estaban obligados a devolverlos a la Tesorería de la Federación.
la nueva iniciativa no modifica las facultades del INE para integrar el padrón y la lista nominal de electores; aunque sí plantea cambios a los procesos de organización electoral y cambiar las fechas de inicio del proceso electoral federal por lo que, de entrar en vigor para 2024, la elección comenzaría la tercera semana de noviembre de 2023.
También se propone modificar el proceso de cómputo de votos, mismo que iniciaría desde las 18:00 horas del día de la elección, lo que hará innecesario un Programa de Resultados Electorales Preliminares. (PREP).
Otro cambio es el registro de representantes de los partidos en casillas, que podrá hacerse 48 horas antes de la elección, y no 13 días como ahora, y la sustitución de éstos se daría el mismo día de la elección, y no 10 días antes.
En materia de fiscalización, se eliminan diversos mecanismos para garantizar la rendición de cuentas. También se prohíbe suspender registros de candidatos por faltas administrativas, como exceder topes u ocultar gastos de precampaña y mantiene el doble financiamiento a los partidos.
La conclusión de cómputos de las elecciones se establece a más tardar el viernes siguiente a las elecciones. Hoy esos cómputos inician el miércoles siguiente a los comicios y terminan el jueves.
Se elimina la Junta General Ejecutiva (JGE), desde donde se dictan directrices de ejercicio de presupuesto y criterios de organización electoral.
En su lugar, se plantea crear una Comisión de Administración con cinco consejeros. Se plantea la remoción del actual secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina –que fue reelecto en 2020 hasta 2026–, ya que se ordena la designación de un encargado de despacho para el periodo 2023-2029.
La reforma establece que todo funcionario público del INE deberá sujetar su salario a la percepción del presidente y, por tanto, se deberán revisar los tabuladores salariales del personal a más tardar seis meses después de entrada en vigor la reforma.
A más tardar el 1 de mayo deberán emitirse los lineamientos para el redimensionamiento y compactación de la estructura orgánica del INE.
