Por: Dulce García |
El caso de Alondra Liliana Franco Tinoco es uno más en los que las autoridades fallaron con todo y medidas de protección, pues ella y su madre se convirtieron en víctimas de feminicidio el pasado 31 de enero.
Un día antes de que ella y su mamá fueran asesinadas en la agencia del Ministerio Público (MP) de Poncitlán, Jalisco, ambas mujeres habían acudido a exponer la violencia de la que era víctima con su pareja, Cristopher Gerardo, con quien vivió “diferentes encuentros violentos”.
Alondra acudió en primera instancia al Instituto de Igualdad Sustantiva de Poncitlán, y ahí la canalizaron a la Sindicatura, Servicios Médicos Municipales y al MP.
Alondra acudió ese mismo día a la Sindicatura de Poncitlán, donde el titular, Ismael Prado Vázquez, emitió “órdenes de protección de emergencia y preventiva”.
Las medidas de protección consistían en que se le prohibía a Cristopher Gerardo acercarse o comunicarse con ella, así como contar con el auxilio de la fuerza pública. Esta orden tenía una vigencia de 72 horas, y se requirió acudir con el MP para extender la protección a dos meses.
El desenlace de esta historia ya lo conocemos, el agresor disparó en contra de su esposa y suegra, y enseguida huyó; aunque, fue capturado el miércoles en Nayarit, y se le trasladó a Ocotlán, donde un juez de control lo imputó este viernes por el feminicidio de ambas mujeres y violencia familiar en agravio de su hijo.
Con información de Proceso y Redes sociales.
