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El plan b de reforma electoral impide que se pierdan candidaturas como le sucedió a Felix Salgado Macedonio

Por: Roberto Díaz |

En un análisis interno, el INE acusó que el Plan B de la Reforma Electoralpone en riesgo la organización de las elecciones de 2024 con el adelgazamiento de la estructura del órgano electoral, la reducción de personal y la vulneración de su autonomía e independencia.

Será en la sesión de este miércoles, cuando el consejo general del INE reciba un informe sobre las afectaciones que generará la entrada en vigor de las reformas a leyes secundarias en materia electoral, lo que fue debatido en el Congreso como el ‘Plan B’ de la reforma electoral.

El documento fue elaborado por la Secretaría Ejecutiva del instituto, a cargo de Edmundo Jacobo Molina.

Los cambios implican afectaciones a la autonomía del instituto, la estructura territorial, los procedimientos de capacitación que sirven para garantizar el conteo de votos, dice el análisis legal.

“La reforma establece que las oficinas distritales desaparecen casi en su totalidad, esto implica la liquidación de por lo menos 5 mil 80 personas, cifra a la que deberá adicionarse el número de personas que deberán dejar de laborar derivado de la reestructura de las oficinas centrales y de las Juntas Ejecutivas Locales”.

Esto, tanto de órganos y áreas centrales como de sus órganos desconcentrados que reduce sus conformaciones en aras de ahorro y austeridad, sin un análisis previo.

Además, el informe estima un número de personal que se afectaría por la reestructura ordenada, y que implicaría miles de despidos. De 2 mil 571 funcionarios de carrera se contempla quedarse únicamente con 396.

El análisis del INE también plantea afectaciones al modelo de fiscalización electoral, toda vez que la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) deviene en Dirección Ejecutiva, lo cual consideró que es contrario a la Constitución que establece que la UTF debe gozar de autonomía técnica, la cual perdería al convertirse en Dirección Ejecutiva.

“La propuesta de reforma establece que, en ningún caso, se pueden suspender derechos o prerrogativas político-electorales de la ciudadanía derivado de sanciones administrativas o judiciales distintas de las penales, lo cual modifica el artículo 229, párrafo 4 de la LEGIPE y elimina la sanción relativa a la pérdida del registro de precandidatura o candidatura, en los casos en los que se omita presentar el informe de gastos, o se rebase el tope de estos”, señaló.

Respecto a las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social (LGCS), publicadas el 27 de diciembre de 2022, dijo que le dan a la propaganda gubernamental un predominantemente cariz presupuestal, de tal manera que lo que no se etiquete como tal por los entes públicos obligados no se considerará propaganda, aunque implique el uso de recursos públicos.

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