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Restablece SCJN obligación de diferenciar opinion e información en radio y tv

Por: Roberto Díaz |

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó por unanimidad la reforma de 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de derechos de las audiencias, por irregularidades en el proceso legislativo.

Por unanimidad, el Pleno de la Corte estableció que la reforma de 31 de octubre de 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), estuvo plagada de graves irregularidades durante su aprobación en el Senado, desahogada en unas cuantas horas, lo que lleva a la invalidez total del decreto respectivo.

Una vez notificado el fallo, volverá a estar vigente la versión original de ocho artículos la LFTR publicada el 14 de julio de 2014, que obligaban a los concesionarios a distinguir opinión de información y facultaban al IFT para emitir lineamientos, sin que los medios pudieran quedar sujetos a códigos de ética emitidos por ellos mismos, como dispuso la reforma anulada.

Pese a que la sentencia no contiene un resolutivo ordenando la vigencia de la versión original de la ley, una figura conocida como reviviscencia, que en ocasiones se incluye de manera expresa en los fallos, pero sólo cuando hay que revivir una ley que fue derogada por completo. La Corte no fijó al Congreso algún plazo para legislar, por lo que será decisión de la actual mayoría de Morena y sus aliados si impulsan o no una reforma similar a la que ayer eliminó la Corte.

Ante ello, ahora será responsabilidad de los diputados de la Cámara de Diputados para que armonicen la reforma e impulsen una que cumpla con todos los requisitos y respeten los procedimientos legislativos.

En enero de este año la Primera Sala de la Corte reiteró el criterio emitido el año pasado por la Segunda Sala en el que señaló que se debe hacer esta distinción como estaba establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTYR), antes de la reforma de 2017.

La resolución de la Primera Sala derivó del amparo tramitado por la asociación civil Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos contra éste y otros cambios a la ley, por considerarlos regresivos para los derechos de los radioescuchas y televidentes.

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