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El Tren Maya no cumple requisitos para ser declarada obra de Seguridad Nacional: CEMDA

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) acusó al gobierno del Presidente AMLO de distorsionar la figura de la Seguridad Nacional, para violar las leyes ambientales y reactivar la construcción del Tren Maya.

Un análisis del CEMDA, concluyó que, e acuerdo con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2019 y al Plan Nacional de Desarrollo publicado en el mismo medio de difusión oficial el 17 de julio de 2019, el Gobierno de México entiende a la Seguridad Nacional como una condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, en busca de construir una paz duradera y fructífera.

Por su parte, la Ley de Seguridad Nacional en su artículo 3, la define como las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano que conlleven a:

  1. Proteger al país frente a riesgos y amenazas.
  2. Preservar la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio.
  3. Mantener el orden constitucional y la unidad de la federación, así como fortalecer las instituciones democráticas de gobierno.
  4. Defender al país frente a otros Estados o sujetos de derecho internacional.
  5. Preservar el régimen democrático fundado en el desarrollo social, económico y político.

Sin embargo, la actual administración federal, en demérito de dicha figura, utiliza a la Seguridad Nacional como una herramienta para flagelar el sistema democrático en detrimento de los derechos ambientales, pues ejecutar el proyecto del Tren Maya en contravención de las leyes ambientales que el legislador dispuso para preservar y proteger el medio ambiente y en contraposición a las medidas cautelares dictadas en los juicios de amparo que en este caso tienen el mismo objetivo, constituyen violaciones flagrantes que impiden el acceso a la justicia ambiental e implican un desconocimiento de los propios principios que rigen las acciones y políticas en materia de seguridad nacional como lo son: de legalidad, responsabilidad, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación, cooperación y respeto a los derechos humanos, así como a sus garantías.

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