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El gobierno y la SCJN quieren regresar a la época de control de Echeverría y López Portillo: CIRT

Por: Carlos Carrera |

Con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obliga a los concesionarios de radio y televisión a hacer una distinción entre sus contenidos informativos y los de opinión, existe el riesgo de que estos medios de comunicación desaparezcan.

En conferencia de prensa, los concesionarios y permisionarios, encabezados por José Antonio García, externaron su preocupación por la sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que exige la diferenciación de información noticiosa y la opinión en radio y televisión, ya que sería un retroceso de casi medio siglo en materia de libertad de expresión.

“El grave riesgo que tenemos de manera inicial es que la radio y la televisión mexicana, por inoperantes, pudieran desaparecer, así de grave es el tema”, enfatizó.

El pasado 19 de enero, la Primera Sala del máximo tribunal aprobó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien propuso que se distinga entre las opiniones de quien informa y el contenido del mensaje informativo o noticioso

El representante de la CIRT, pidió al máximo tribunal, que próximamente revisará en su pleno este tema, que revierta la decisión de su Primera Sala:

 “Hacemos un llamado al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que revise con cuidado lo que en este tema se está diciendo por la abierta censura que habrá sobre comunicadores y las limitantes a la información sobre millones de mexicanos”.

Anunció que buscará reunirse con los ministros de la SCJN para exponerle sus razones contra la regulación de sus contenidos, que afirmó los quieren regresar a los tiempos de Echeverría y López Portillo en donde desde la presidencia manejaban toda la radio y la televisión.

El líder de la CIRT hizo también sendos llamados al Poder Ejecutivo, para que defienda la libertad de expresión y la democracia, y al Congreso de la Unión para “que no dejen que la invadan sus facultades legislativas”.

Explicó que, además de la obligación de diferenciar información de opinión, se oponen a la decisión de los ministros de la Primera Sala porque las regulaciones que avaló el fallo incluyen que los códigos de ética de cada estación sean avalados por el Estado y en se les impongan defensores de las audiencias nombrados por el gobierno como “censores oficiales”.

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