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Por cuarta ocasión Gómez Urrutia busca amparo para no pagar a extrabajadores mineros

Por: Carlos Carrera |

El líder del sindicato minero Napoleón Gómez Urrutia está decidido a consolidarse como un violador sistemático de la ley y establecer un récord de “maromas” legales para evadir a la justicia.

Esta semana, por cuarta ocasión, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) nuevamente condenó al líder sindical minero, Napoleón Gómez Urrutia, a pagar a algunos agremiados más de 54 millones de dólares que en 2005 le fueron depositados en un fideicomiso por la empresa Grupo México para beneficio de los trabajadores.

Como ya ha sucedido desde hace 15 años, desde que los ex trabajadores mineros lo han combatido en tribunales para que les devuelva el dinero que se robó, el también senador morenista se oculta detrás del fuero y del respaldo de sus compañeros legisladores, trafica con influencias y usa dinero público para evitar cumplir la ley.

Óscar Alzaga, abogado del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, informó que  presentará otra demanda de amparo ante la nueva resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la cual condenó al gremio que encabeza el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, a repartir 54 millones de dólares entre los trabajadores.

Asimismo, dijo que presentarán la demanda para invalidar la determinación de la Junta, que busca en ordenar el reparto del fondo, pese a que en tres ocasiones anteriores los tribunales de Distrito han dejado sin efecto sus resoluciones.

“En tres ocasiones, con tres amparos, el Sindicato Minero ha ganado, no tiene ninguna responsabilidad de esa cantidad”.

Se le acaban “las maromas”

Gómez Urrutia ha recurrido a sus conocidas practicas de estallar, huelgas, hacer bloqueos y con ello chantajear al gobierno para seguir alargando los conflictos en los que es obligado a cumplir con la ley.

Hasta ahora tanto los titulares de SEGOB como de la secretaria del Trabajo lo han mantenido a raya.

Pero fiel a su costumbre de traicionar, Gómez Urrutia ha desatado una feroz campaña en contra de las titulares del trabajo y de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, quienes no han cedido a sus chantajes.

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