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SCJN limita el “decretazo” de AMLO y obliga al INE a realizar la consulta de revocación de mandato

Por: Carlos Carrera |

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenó, parcialmente los efectos del acuerdo presidencial para blindar la información de las obras de infraestructura del gobierno federal, tras admitir a trámite una controversia solicitada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá suspendió parcialmente la aplicación del acuerdo que cataloga como de seguridad nacional las obras y proyectos prioritarios del gobierno federal, la medida cautelar únicamente tendrá efectos contra la reserva de información pública.

No obstante, pese a la suspensión, en la reserva automática de información permanecen la adjudicación directa de las obras y la agilización en los trámites burocráticos.

Cabe señalar que la medida suspensional surtirá efectos de inmediato y sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse.

INE debe ajustar su presupuesto para realizar la consulta de revocación de mandato

El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene que hacer los ajustes necesarios a su presupuesto de 2022, para cumplir el mandato legal de celebrar una eventual consulta de revocación del mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador, resolvió este martes un Ministro de la Suprema Corte de Justicia Fernando Franco González Salas, en el acuerdo de admisión de la controversia constitucional que el INE promovió, contra el recorte a su presupuesto de 2022: 

El Ministro negó al INE la suspensión contra el artículo cuarto transitorio de la Ley Federal de Revocación de Mandato, que establece:

“El INE deberá garantizar la realización de la consulta establecida en el Transitorio Cuarto del Decreto de reforma Constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2019, por lo que hará los ajustes presupuestales que fueren necesarios”.

El INE denuncó en su controversia constitucional, admitida a trámite con el número 208/2021, que el recorte de 4 mil 913 millones de pesos en su presupuesto para el año próximo le impediría cumplir con la consulta.

Sostiene que dicho ejercicio democrático requiere de cuando menos 3 mil 830 millones de pesos.

En otra parte del acuerdo, el ministro Franco sí le otorga al INE la suspensión provisional pero únicamente en cuanto hace al tema de los salarios, por lo cual sus consejeros y altos funcionarios podrán seguir ganando más que el presidente de la república, por lo menos hasta que la SCJN resuelva el fondo de esta controversia constitucional.

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