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Ordena AMLO otra vez a la SCT revisar operación y seguridad en carreteras

Por: Dulce García |

Tras el terrible accidente ocurrido el pasado fin de semana en la autopista México-Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que dará instrucciones al Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Jorge Arganis Díaz, para revisar, todo el funcionamiento del sistema de seguridad de las carreteras en el país, incluida la ubicación de las casetas de peaje.

Sin embargo, esta no es la primera ocasión que el mandatario ordena revisar el funcionamiento de carreteras así como las autorizaciones otorgadas a terceros autorizados dentro de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte (DGPMPT).

¿Cómo funcionan los exámenes psicofísicos integrales y los terceros autorizados?

Los exámenes psicofísicos integrales (EPI) fueron reactivados en abril de 2021. Son revisiones aplicadas a los operadores de autotransporte, transporte aéreo, marítimo, aéreo y ferroviario.

En agosto de 2019, los permisos de los terceros autorizados que operaban 220 clínicas particulares, fueron suspendidos. Cabe señalar que estos acaparaban el 93% de los exámenes de aptitud, por su parte, la SCT contaba con menos de 40 unidades de revisión, atendiendo al 7% de los solicitantes en sus desoladas unidades médicas.

¿Por qué fue cancelado el programa de terceros autorizados para realizar pruebas?

La aplicación de Exámenes Psicofísicos Integrales (EPI) a operadores del transporte público federal en consultorios subrogados, históricamente ha sido uno de los programas con mayor corrupción, por lo que desapareció al inicio de la 4T.

Conforme a investigaciones y auditorías realizadas a partir de 2019, la aplicación de estos exámenes, benefició a esquemas de negocios particulares y en especial a los funcionarios de la propia DGPMPT, quienes recibieron dinero a cambio de autorizaciones, venta de exámenes y llenados fraudulentos.

Hace unos seis meses, tras la reapertura de las unidades, el mismo modus operandi prevalece: la compra de plazas, sobornos, fraudes y otros vicios operados por funcionarios de la institución también se reactivaron.

En diciembre de 2018, fue nombrado Ricardo Neri Vela en la dirección de Medicina Preventiva, quien canceló este programa con los terceros autorizados debido a la corrupción y malas prácticas del lado de la autoridad y del lado de Terceros, al no pagar impuestos y enriquecerse.

El viciado programa, fue revivido por el entrante Nogueira Fernández, quien afirmó que la SCT no cuenta con la capacidad para la demanda de licencias federales en las alrededor de 45 unidades con las que actualmente cuenta la secretaría. Esto pese a que en 2020 la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), eliminó la figura de los Terceros Autorizados.

Cabe señalar que derivado de la pandemia, las citas de los operadores fueron pospuestas y se marcó como plazo el 30 de junio de 2021 para aplicación de EPI pendientes, calculando un rezago de entre 600 y 700 mil exámenes.

Actualmente, aunque se ha invertido en el mantenimiento y equipamiento de las clínicas, estas aún no están en condiciones óptimas para operar al nivel del servicio que se requiere, y adicionalmente, se enfrenta a que tampoco cuenta con el personal capacitado para la aplicación de los exámenes toxicológicos y psicofísicos.

Los EPI representan una fuente millonaria de recursos.

Los recursos que se ponen en juego son millonarios. Considerando el costo actual de mil 840 pesos por examen, y el promedio de solicitantes registrados de 330 mil por año, la millonaria suma asciende a más de 607 millones de pesos anuales.

A partir de 2022, la SCT deberá atender en sus propias clínicas a un millón 219 mil 277 usuarios, operadores de los diferentes modos de transporte y su creciente demanda.

Con información de El Universal, Crónica y Redes sociales.

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