Seguridad

Denuncian negligencia del gobierno federal en la desaparición de 7 activistas yaquis

Por: Dulce García |

El pasado 14 de julio, desaparecieron 10 personas en la periferia de Ciudad Obregón, Sonora, siete de ellas son integrantes de la comunidad yaqui. Ante los mínimos avances en su búsqueda, los líderes de la comunidad acudieron ante instancias internacionales y denunciaron al gobierno mexicano.

De acuerdo con La Jornada, autoridades de la comunidad de Loma de Bácum denunciaron desde el pasado 18 de julio al gobierno de la 4T por cometer violaciones en materia de seguridad, desarrollo de usos y costumbres, y por omisiones en las tareas de búsqueda de los siete yaquis desaparecidos.

Guadalupe Flores Maldonado, vocero e integrante de la comunidad yaqui de Lomas de Bácum, señala que las desapariciones solamente pudieron ser posibles con el permiso de las autoridades, haya intervenido el crimen organizado o no.

Flores Maldonado agregó que el proyecto del Gasoducto Sonora es uno de los motivos por el cual la etnia Yaqui y el Gobierno han tenido diferencias.

Actualmente la administración de Andrés Manuel López Obrador y los ocho gobernadores de la tribu yaqui están negociando el Plan de Justicia para los Pueblos Yaquis que contempla acciones de salud, educación y ordenamiento territorial, incluyendo el tema del agua, a cambio de que se permita la operación de infraestructura pública y privada su territorio.

En Puebla exigen avances en investigación sobre desaparición de activista

A través de un comunicado, activistas del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) exigen a la Comisión Nacional de Búsqueda y a la Fiscalía del Estado de Puebla la presentación de avances sobre la desaparición del defensor de la Sierra Negra, Sergio Rivera Hernández, ocurrido hace tres años, concretamente el 23 de agosto de 2018.

En opinión de los integrantes del MAIZ, Rivera fue privado de la libertad por rebelarse contra la planta hidroeléctrica de la Minera Autlán, que contaminaría los ríos Coyolapa, Huitzilac y Tonto, además de desplazar a los vecinos de las comunidades nahuas de San Pablo Zoquitlán y Tlacotepec de Díaz, entre otras.

En el documento, agregaron que el juez Mario Cortés Aldama, dejó en libertad a tres sospechosos de haber secuestrado a Rivera, de haber tenido una dudosa actuación durante el juicio y de incurrir en discriminación y actos de corrupción.

Con información de El Sol de Hermosillo y La Jornada

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