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La 4T no verifica las condiciones de las minas de carbón y se ha adjudicado de manera directa a la CFE

Por: Dulce García |

La Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) acusó que desde hace siete meses informaron al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, las condiciones de la mina de Micarán, en donde murieron atrapados siete trabajadores en indignas y riesgosas condiciones de trabajo.

Vía redes sociales, la Organización recordó que el 26 de septiembre de 2020 entregaron la denuncia sobre la mina en el poblado Rancherías del municipio de Múzquiz, en Coahuila, en la que pedían la atención a la situación en las minas que son cuevas de arrastre y a las que la CFE compra carbón.

Pese a ello, la CFE se deslindo de cualquier relación comercial, aunque la OFPC mostró hasta el número de contrato con el que se confirma que el mineral si es adquirido por la paraestatal.

El fantasma de Pasta de Conchos sigue presente

En el caso Pasta de Conchos, las familias de los mineros han luchado por más de 15 años para que no vuelvan a ocurrir siniestros en la actividad minera. Los deudos de la explosión en la mina, siguen esperando el rescate de los restos de sus familiares y, en muchos casos, siguen teniendo familiares que trabajan en la extracción de carbón.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, lamentablemente, sus llamados no han sido atendidos y nuevamente estamos viviendo la repetición de hechos similares con la inundación y colapso de la mina de arrastre Micarán.

¿Por qué se sigue promoviendo la minería de carbón pese a ser de alto riesgo?

La minería del carbón es una de las fuentes de trabajo más peligrosas que existen y está siendo promovida desde el Estado dada la actual coyuntura energética, en la que la CFE compra carbón a minas que no cumplen con la legalidad y seguridad sin dar una muestra transformadora de que de forma efectiva se obligará a los empresarios del ramo a proteger la vida de sus trabajadores.

Por ello, las familias de Pasta de Conchos insisten en que hablar de reparación sin medidas de no repetición no contribuye a evitar nuevos siniestros y más muertes.

Las condiciones en estas minas carboníferas son deplorables

Las condiciones denunciadas por la OFPC sobre la seguridad en la mina señalan que éstas no eran siquiera las mínimas. En lugar no se contaba con agua potable para los trabajadores, no contaban con equipo de seguridad ni botiquín o extintores; además no había consola para medir el gas, ventilación o autorescatadores.

Esta es la situación en la que laboran los trabajadores de estas minas, en las que sus pagos ascienden a la ridícula paga de 360 pesos por arriesgar la vida, mientras que los empresarios se hacen millonarios gracias a la CFE y a la 4T.

Cecilia Sánchez, madre de Pedro Ramírez Sánchez, señaló que apenas su hijo tenía dos días de estar trabajando en la mina de Micarán, a la que llamó un horrible lugar. La necesidad, más que nada, los hace tomar cualquier trabajo que les den.

La historia de la mina de Micarán

La mina tiene por lo menos 50 años de antigüedad y se ubica en Carretera El Sauz-Palau kilómetro 22, en la comunidad Mineral de Rancherías en Múzquiz.La principal actividad de la comunidad es la minería, seguida por algo de ganadería y agricultura, en menor escala.

Miracaran es propiedad del empresario Eduardo Morales y ya había sido denunciada por carecer de seguridad en la mina conocida como Pocito Boker en Coahuila en julio de 2010. Sin embargo, la CFE contrató a otra de sus empresas, Carkim Industrial, y la benefició con un contrato de adjudicación directa para suministrar carbón para la CFE en 2020 por un monto de 21 millones de pesos y así proveerla de carbón.

De acuerdo con la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía Federal, la concesión corresponde a Miguel Guadalupe Sepúlveda Rangel y Arnoldo Ramos Villarreal. 

El gobierno de Coahuila informó ayer que la última inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) fue realizada el 20 de octubre del 2020.

Miguel Riquelme puntualizó que se restringió la mina, sin embargo, una vez que se cumplieron las medidas de inspección se levantó la restricción y se permitió que continuara laborando.

Según información de la Delegación Regional de la STyPS, el centro de trabajo cumplió con las medidas requeridas y se le levantó la restricción el 7 de diciembre de 2020.

Con información de El Universal, Milenio, Animal Político y Redes sociales

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