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Exigen autoridades laborales a Napoleón Gómez Urrutia, que Sindicato Minero se apegue a la legalidad y la verdad

Por: Carlos Carrera |

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) no dejó pasar las acusaciones que lanzó el senador Napoleón Gómez Urrutia a través de los voceros del  Sindicato Minero y a través de un comunicado, emplazó a la organización sindical  a conducirse con apego a la verdad y la legalidad.

Representantes del sindicato minero, acusaron a la titular de la (JFCA)  “de hacer el trabajo sucio” de la Secretaría del Trabajo Luisa Maria Alcalde,  luego de que el Poder Judicial Federal emitió un laudo, en el que se obliga a la organización sindical, y a su líder, Napoleón Gómez Urrutia, como responsable solidario a cumplir con el pago del fideicomiso minero de casi 55 millón de dólares, en favor de los trabajadores mineros.

En su comunicado oficial, la instancia de conciliación laboral refirió:

Respecto a las declaraciones emitidas por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. Lamentamos las expresiones emitidas por el Sindicato en torno a que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje haya actuado de manera parcial sobre los asuntos de la Mina de Cananea.

En la postura oficial, se aclara que la Junta Federal es un órgano que actúa con autonomía y apego a la legalidad. El conflicto inicia a partir de la privatización de la mina en donde se entregaron 55 millones de dólares, que corresponden al valor del 5% de las acciones de la empresa.

El tema de fondo en este conflicto ha consistido en determinar quién es el propietario de los recursos: el sindicato o los trabajadores.

El Sindicato ha sostenido ser el propietario de los recursos y, por otro lado, los trabajadores han reclamado que les corresponde la entrega de los mismos.  Un grupo de trabajadores fueron a juicio por no haber recibido cantidad alguna y otros por haber recibido solo una parte.  Después de 15 años de litigio los tribunales de amparo han sostenido que los recursos son propiedad de los trabajadores.

La JFCA en el laudo recién emitido da cumplimiento a los lineamientos establecidos por los tribunales de amparo a los que está obligada a sujetarse, de no hacerlo así, incurriría en responsabilidad penal y administrativa. Cabe destacar que de los 2,998 trabajadores demandantes, 708 obtuvieron laudo a su favor para recibir el pago completo y 389 el complemento, que corresponde al pago de las diferencias.

Con respecto a los 1,901 restantes, el sindicato fue absuelto debido a que los demandantes no acreditaron relación laboral, no ofrecieron pruebas en su defensa, o bien, sus demandas estaban prescritas.

Con respecto a la responsabilidad solidaria del dirigente sindical, este punto también fue definido por el Tribunal de amparo en la ejecutoria 910/2018. Invitamos al Sindicato a conducirse en un plano de verdad y con apego a la legalidad.

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