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Secretario de Seguridad de la CDMX relacionado en el caso Ayotzinapa

Por: Carlos Carrera |

El actual titular de la seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch presuntamente recibía mensualmente 200 mil dólares por parte del grupo delictivo Guerreros Unidos, declaró “Juan”, un testigo protegido clave en las indagaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a la Fiscalía General de la República (FGR).

Una publicación del diario Reforma publica lo anterior y destaca que tuvo acceso a la declaración del testigo protegido, identificado como “Juan” quien refiere a sobornos de dicha organización criminal a distintos mandos militares y policiacos para poder operar con total impunidad en Guerrero.

Foto: Reforma

Como testigo protegido, “Juan” es profuso en detalles sobre cómo ocurrieron los hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, donde desaparecieron 43 normalistas y, según su dicho, fueron muertas y desaparecidas al menos 30 personas más, presuntos sicarios de un grupo contrario a Guerreros Unidos.

La relevancia de su testimonio es que ha dado pie a encontrar restos de normalistas a partir de las coordenadas que él ha señalado y ha fundamentado las órdenes de aprehensión contra 18 militares por su implicación en el caso.

Quiero señalar que era parte del grupo Guerreros Unidos, pues recibía dinero de nosotros, Omar García Harfuch, esto en el año 2014; recibía 200 mil dólares por mes, ya que era el encargado de la Policía Federal en el estado de Guerrero y el dinero que se le daba era porque permitía el trasiego de la droga”

dice el denunciante

Uno de ellos, el Capitán del Ejército José Martínez Crespo, se encuentra detenido y sigue su proceso en la cárcel del Campo Militar Número 1.

En el marco de esa declaración es donde “Juan” implica a García Harfuch y a otros mandos. Según el testigo, el ahora jefe de la policía capitalina estaba “bien conectado” con la milicia por sus vínculos familiares, en referencia a que es nieto del General Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional de 1964 a 1970.

“Juan” refiere que la nómina de Guerreros Unidos incluía a los Batallones 27 y 41 de Infantería, a cuyos militares pagaban de 60 mil a 120 mil pesos, según el rango, aunque señala que había un General que recibía hasta 5 millones de pesos.

La declaración de “Juan” indica que los 43 normalistas están muertos

La declaración de “Juan” ante la Fiscalía General de la República (FGR), a la cual tuvo acceso REFORMA, arroja nuevos elementos sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Los estudiantes fueron detenidos el 26 de septiembre de 2014 junto con una treintena de personas más en una operación en la que participaron militares, policías y sicarios de la agrupación Guerreros Unidos.

Un grupo de estudiantes fue interrogado en el 27 Batallón de Infantería en Iguala y luego entregado a los narcos para su desaparición. Algunos fueron entregados muertos.

Según esta versión, la madrugada del 27 de septiembre de 2014 los estudiantes y presuntos narcos fueron destazados en una casa de seguridad de Guerreros Unidos ubicada en la Colonia Tacuba-11 de Marzo, en Iguala.

Algunos de los cuerpos destazados fueron cremados en Servicios Funerarios “El Ángel”, ubicados a las afueras de Iguala; y algunos más disueltos en ácido.

Otros restos que no se alcanzaron a cremar fueron esparcidos en Taxco, cerca de unas minas abandonadas, e Iguala, poco antes de llegar al pueblo de Coacoyula, en el basurero de Cocula y por el drenaje.

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Según la versión, policías estatales confabulados con los narcos, sembraron evidencias en el basurero de Cocula para ayudar a autoridades a dar resultados “rápidos” de las investigaciones.

Las cenizas fueron entregadas por los narcos a un agente de la policía ministerial de Guerrero de nombre Wenceslao y apellido Zempoatleca o Tlaxcalteca el 3 o 4 de octubre de 2014 con el fin de que las autoridades locales tuvieran una solución a sus investigaciones.

 El mismo día en que entregaron las cenizas, las autoridades estatales fueron a dispersar los restos e inclusive ‘sembrar’ casquillos y cartuchos percutidos, debajo de unas piedras, en el basurero de Cocula. Esta operación tenía el propósito de responsabilizar a la gente de nivel más bajo en la organización delictiva.

 La declaración de “Juan”, rendida ante la Unidad Especializada para el Caso Ayotzinapa en febrero de 2020, permitió la detención del capitán José Martínez Crespo -señalado como operador de las detenciones de los normalistas- y la solicitud de 17 órdenes de aprehensión más contra militares.

Además, permitió ubicar en una cañada de Iguala los restos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, otro de los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

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