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El caso Chemours Laguna ¿Se hará valer la ley o la presión de grupos políticos?

Por: Yeri Gonzalez |

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó  este martes 28 de julio  la sentencia relacionada con el amparo presentado por la Asociación Pro Defensa del Ciudadano, AC.

Este amparo pretendía que se invalidaran los permisos y licencias otorgadas a la empresa Chemours Laguna para la construcción y operación de una planta de cianuro de sodio en la localidad de Dinamita, en el municipio de Gómez Palacio, Durango.

En sesión pública, el pasado 6 de mayo, la Segunda Sala del máximo tribunal argumentó que el proyecto de Chemours cumple con todos los requisitos y procedimientos ordenados en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

El proyecto, que fue turnado desde el año pasado a la ponencia del ministro Luis María Aguilar Morales, señala que además de estar alineado con la legislación local vigente, Chemours Laguna cumple también con legislación internacional como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y las Directrices de Bali.

Pero más allá del pleito legal que Chemours acaba de ganar de manera indiscutible, pues se trata de un fallo de la Suprema Corte, existe todavía la controversia política.

Y es que la publicación de esta sentencia llega después de tres años de resistencia de pequeños grupos locales que nada tienen que ver con el amparo presentado y que han buscado utilizar al proyecto de Chemours Laguna como bandera para sacar raja política o económica por parte de las autoridades.

Grupos de presión política, como el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio,  ha organizado plantones para que el gobierno de Gómez Palacio frene la construcción de la planta de cianuro.

Apenas el jueves pasado, un grupo de manifestantes decidió tomar, con piedras y barricadas, los accesos a la planta de Chemours para exigir el cierre de la empresa. Ya no solo de la planta, quieren que Chemours se vaya de México. ¿Bajo qué argumento? Ellos dicen que Chemours va a contaminar. El problema es que nunca han presentado ningún tipo de prueba.

En el debate, se ha hablado incluso de llevar a un especialista externo, a un organismo internacional para que constate si en efecto el proyecto de Chemours contamina o no. La empresa no se ha negado a ser verificada por autoridades locales, federales o internacionales. El problema es que, en el fondo, este grupo de resistencia lo último que quiere es ver un informe.

Se trata aparentemente de un tema político. Y es que estos plantones están siendo apoyados y financiados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE.

Manifestantes presentes en los bloqueos a la planta de Chemours han declarado abiertamente que reciben apoyo económico y en especie de varios de los regidores de morena, simpatizantes de la CNTE  en el ayuntamiento de Gómez Palacio según reportó El periódico, el Siglo de Torreón. 

La sentencia de la Suprema Corte cobra todavía más relevancia en el contexto de incertidumbre  económica y la pérdida de empleos que se vive  en todo el país.

Este fallo que le da sustento legal al proyecto de Chemours puede servir como antecedente para que, de una vez por todas, se deje de espantar la inversión extranjera.

 Que no haya un caso más como el Aeropuerto de Texcoco o como la cancelación de la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali.

 Estamos viviendo la peor recesión económica de nuestra historia, la pérdida de empleos ya se cuenta por cientos de miles. No nos podemos dar el lujo de perder inversiones multimillonarias por un pequeño grupo de oportunistas que buscan beneficios.

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