Economía y Finanzas

El SAT era un simulador que permitía la evasión fiscal y la corrupción

Por: Dulce García |

El titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Carlos Romero Aranda, , afirma en una entrevista con La Jornada que “el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el ente encargado de la recaudación de impuestos, era un simulador y un distractor de la lucha contra la evasión fiscal vía la emisión de facturas falsas”.

“Yo no entiendo la existencia de estos esquemas sin la participación de gente del SAT en sexenios anteriores. Estos esquemas eran protegidos desde el gobierno”.

Esto lo declaró sin titubear y señala que tiene listadas a casi 10 mil empresas y personas que se dedican a dicha práctica, pero el universo de involucrados en la evasión fiscal es más extenso, por lo que el combate contra las factureras es realmente acabar con 70% de la corrupción en el país.

El funcionario señala que es aquí en donde se encuentra el esquema de desvío de recursos públicos, de moches, de lavado de dinero y esquemas de no pago de impuestos. 

Señala que de acuerdo con un estudio realizado por la Procuraduría Fiscal (PFF) y el SAT al principio de esta administración, señala que “anualmente, alrededor de 500 mil millones de pesos eran evadidos por las empresas dedicadas a la emisión de facturas falsas”. 

Esta precisa semana, la PFF y el SAT, que encabeza Raquel Buenrostro, dieron a conocer parte de las investigaciones que llevan sobre evasión fiscal y lavado de dinero, en la que expusieron una red de 43 empresas factureras que desviaron 55 mil 125 millones de pesos que debieron ingresar al fisco.

De acuerdo con lo que se ha documentado por la actual administración, la proliferación de factureras en la red de 43 empresas que operaron durante 2017 están involucrados funcionarios de segundo y tercer nivel del SAT y hay uno que incluso aparece directamente en una de las empresas y es una de las líneas de investigación.

“El SAT era un simulador y un distractor, porque obligaba a la Auditoría a nada más estar revisando los procedimientos del 69-B –empresas y personas físicas para las que se han comprobado operaciones simuladas–, los listaban y se acabó el asunto”. 

Explica que si realmente se hubiera querido hacer una lucha contra la evasión fiscal, se debieron abrir auditorías, ver con toda la contabilidad a la mano si las operaciones eran simuladas o no. Acto seguido presentar querellas y en su caso determinar créditos fiscales. 

“La política de fiscalización -anterior- se concentró en dejar en el limbo de la lista negra a las presuntas evasoras sin otra consecuencia; otras más ni siquiera se incluyeron en ese registro”.

Con información de La Jornada

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