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Coparmex Tabasco a favor de la “Ley Garrote”, los bloqueos fomentan la corrupción

Por: Dulce García |

El presidente del Consejo Directivo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Tabasco, Ricardo Castellanos, señaló que los empresarios son sujeto de  extorsiones en los campos petroleros, hace que las obras que realizan aumenten hasta 30%, y datos oficiales apuntan que, este delito creció 172% en los últimos años, por lo que el sector empresarial ve con buenos ojos la controvertida “Ley Garrote” afirmando que es una cuestión de estado de derecho.

En entrevista para el medio La Razón, Castellanos Martínez señaló que es usual encontrar a grupos de personas en un camino de terracería o en una carretera, en donde atraviesan un tronco o bloquean el camino, y para que puedas continuar, tienes que pagar una cuota a la mano a “presuntos integrantes de sindicatos”; y se suma que estos grupos también presionan a las compañías para que contraten personas “a la fuerza”, sin que éstas realmente tengan los conocimientos necesarios para el trabajo requerido, lo que fomenta la corrupción.

El líder de la cámara empresarial afirma que la problemática no es nueva, ya que desde hace al menos 20 años esta situación ha sido denunciada por las compañías, ya que prácticamente diario hay bloqueos.

Asimismo, comentó que Tabasco ocupa los primeros lugares en este delito, pues a pesar de que se denunció en sexenios pasados, “nos topábamos con pared”, y recordó que en campaña se lo solicitaron al actual gobernador, Adán Augusto López; por lo que ven con buenos ojos las modificaciones al Código Penal del estado para elevar hasta casi 20 años de prisión, las penas a quienes cierren o bloqueen instalaciones con fines lucrativos.

Castellanos Martínez agregó que de ninguna manera busca interferir con la libre manifestación de ideas, pero lo ocurrido en Tabasco no se trata de eso, e insistió que “solamente los que trabajan día a día en este sector lo pueden comprender y respaldan las modificaciones al Código Penal”, y consideró que esta medida podría ser llamada antipopular, porque afectaría el tema electoral; pero, advirtió, que era necesario que se tomara esta decisión. “No es de constitucionalidad, sino de Estado de derecho de las empresas que han sido violentadas por años”.

Con información de La Razón

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